Actualidad
La Suprema Corte de Justicia, en la causa C. 124.096, "Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios", declaró la inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 7 de la Ley 23.928 (texto según Ley 25.561), en cuanto prohíbe la actualización monetaria o la indexación de créditos para las obligaciones dinerarias. Asimismo, sentó los criterios para la determinación de las deudas de valor, como así también dispuso una serie de directrices para delimitar el alcance de la indexación.
Organizado por el Instituto de Estudios Judiciales, el jueves 19 de octubre se realizará el cuarto encuentro mensual sobre la Actualidad de la Doctrina Legal de la Suprema Corte de Justicia.
La Suprema Corte de Justicia elaboró el cuaderno de doctrina legal en materia de "Derecho Procesal Electrónico".
En este nuevo número de Cuadernos de doctrina legal se brinda una selección de precedentes de la Suprema Corte de Justicia relativos al derecho de los usuarios y consumidores. La trascendencia de la materia es innegable y además, como pocas, exhibe un costado práctico eminente: las doctrinas relevadas en esta ocasión se vinculan con situaciones de absoluta cotidianeidad y que, por supuesto, pueden alcanzarnos a todos.
Con motivo de la inminente entrada en vigencia del Código Civil y Comercial la Suprema Corte aporta una selección de precedentes que abordan la problemática de la aplicación de la nueva ley a las situaciones y procesos en curso.
Segundo número de Cuadernos de Doctrina Legal con pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia que sientan pautas esenciales, en este caso, en materia de derechos de los niños y niñas.
La Secretaría Civil y Comercial ha preparado, bajo la coordinación del Dr. Carlos Camps, el primer número de Cuadernos de Doctrina Legal de la S. Corte, relativo a uno de los aspectos fundamentales de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Con fecha 21 de octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia, en la causa L. 94.446, "Ginossi, Juan Carlos contra Asociación Mutual U.T.A. Despido", resolvió, por mayoría, mantener la vigencia de su doctrina legal en la materia, haciendo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y, en consecuencia, revocó la sentencia que aplicó la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ordenando que el cálculo de los mismos se practique en base a la tasa pasiva de la misma entidad bancaria.
Con fecha 21 de octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia, en la causa C. 101.774, "Ponce , Manuel Lorenzo y otra contra Sangalli, Orlando Bautista y otros. Daños y perjuicios", resolvió, por mayoría, mantener la vigencia de su doctrina legal en la materia, haciendo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y, en consecuencia, revocó la sentencia que aplicó la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ordenando que el cálculo de los mismos se practique en base a la tasa pasiva de la misma entidad bancaria.
La Suprema Corte revocó la sentencia del Tribunal del Trabajo que, por desinterpretación de la doctrina legal, había negado a la intimación por el pago de diversos créditos laborales vinculados a la ruptura del contrato de trabajo -incluida en el mismo acto de comunicación del despido indirecto- eficacia suspensiva del plazo de la prescripción. A los fines de evidenciar, y corregir, el error en la interpetación de su doctrina, la Suprema Corte fijó con precisión el verdadero alcance y ámbito de aplicación de sus precedentes, y declaró -en consecuencia- que contrariamente a lo sostenido en la instancia anterior, resulta posible que un único acto (envío de la comunicación extintiva, e intimación al pago de los créditos derivados de él) genere dos efectos jurídicos diferentes, cales son: 1) extinguir el contrato; y 2) suspender, mediante la intimación auténtica de pago, por el plazo de un año, el curso de la prescripción de las acciones dirigidas a reclamar los créditos allí individualizados (art. 3986, párrafo segundo, Código Civil) .
La Suprema Corte resolvió rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Defensor Oficial ante el Tribunal de Casación, con costas, por considerar –en lo pertinente- que si el fallo recurrido se refiere a los mismos hechos descriptos en la acusación, no pueden considerarse afectados los principios constitucionales referidos al debido proceso, la defensa en juicio y la imparcialidad del juzgador cuya violación se alegó, pues como ha resuelto reiteradamente esta Corte, el sentenciante está constreñido a fallar respecto de los hechos materia de acusación, pero no queda restringido por la calificación que se les haya dado.
